Hermosillo, Son. Agosto 09 del 2019.-“Impulsar un sistema judicial más inclusivo con la temática ambiental, incluso sus propios órganos jurisdiccionales, que promuevan medidas de justicia ambiental más congruentes con la realidad y con ello, sentar las bases de la justicia ambiental, más allá de la ideología o la movilización, siempre desde el poder social”, es una necesidad aseguró la maestra María Fernanda Ibarra Barreras.

En el marco del quinto aniversario del derrame tóxico en el Río Sonora, mencionó que los pobladores del área siguen en la búsqueda de la reivindicación de sus derechos, el reconocimiento de una situación de desigualdad entre los agentes contaminantes, las instancias que los “vigilan” y la sociedad afectada, así como la disparidad dentro de esa misma sociedad.

La egresada del programa de Maestría de El Colegio de Sonora señaló que algunos pobladores afectados aceptaron el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, iniciaron su propio proceso de reflexión e instrucción y continúan con apoyo legal así como su defensa ante los tribunales.

“En México cada día crece el número de organizaciones no gubernamentales que promueven la defensa de los derechos humanos y los recursos naturales del país, promoviendo la capacitación de los grupos vulnerados, para que sean éstos mismos quienes continúen con la organización en sus comunidades y se decidan a ejercer acciones de defensa”, dijo.

En el evento llevado a cabo el 06 de agosto del presenta año en la Sociedad Sonorense de Historia, destacó que durante el curso de tales procedimientos se ha evidenciado la ineficacia de las autoridades administrativas y la falta de activismo de las judiciales y se ha advierte el protagonismo del sector económico en el diseño de las políticas públicas ambientales de México.

Agregó que ha habido varios intentos para reformar diversos ordenamientos que actualmente obstaculizan la lucha y privilegian el status quo, lo cual ha hecho más difícil el avance de todos los procesos legislativos.

Participaron también Juan Manuel Silva, Antonio Romo Paz, como invitados de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente A.C., quienes han estado al tanto de este conflicto prácticamente desde hace cinco años.

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