Hermosillo, Sonora a 13 de abril de 2024.- La diputada Rosa Elena Trujillo a nombre de la Bancada Naranja, integrada también por Natalia Rivera, Ernesto de Lucas y Jorge Russo, presentó el posicionamiento respecto a la iniciativa que propone la modificación de los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia y derechos político electorales.
La propuesta presentada por Morena y aliados, PRI, PAN y PRD, pretende acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), argumentando que dicho Tribunal ha sobrepasado su competencia, violando el principio de división de poderes al emitir criterios que exceden sus facultades, lo cual es falso.
De aprobarse, esta generaría un impacto negativo y un retroceso en el ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía; particularmente de las mujeres y de los grupos sociales que han estado históricamente subrepresentados en nuestra democracia.
“No solo está en discusión el análisis técnico del ejercicio jurisdiccional; las mujeres y los grupos sociales históricamente desfavorecidos nos requieren hacer valer lo logrado, para que no demos ningún paso atrás en la protección y garantía de sus Derechos Humanos”.
“No podemos aceptar una reforma que privilegie la autorregulación de los partidos otorgándoles una discrecionalidad que restringe la posibilidad regulatoria de autoridades electorales; es un cheque en blanco del que ya conocemos los resultados”, señaló la diputada Rosa Elena.
Esta reforma destaza al Tribunal Electoral, evitando que participe en las decisiones de esta materia, cuando se trate de procesos internos de los partidos. Limitando su intervención a cargos electorales y durante los procesos electorales.
Perdería la facultad de realizar interpretaciones pro persona, a la luz de los principios constitucionales, impidiendo el ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad.
Al eliminar de la Constitución que las decisiones del TEPJF son inatacables implica que podrían ser impugnadas ante otra instancia. Las acciones afirmativas, al establecerse que equivalen a leyes fundamentales, entonces no podrán regularse sino hasta 90 días antes de que inicien los procesos electorales.
Es decir, el control y revisión judicial de las acciones afirmativas y procesos que aprueben los partidos, en los tiempos que establece la ley para los procesos internos de selección de candidaturas, no podrían ser ya modificado, porque equivaldría a modificar leyes fundamentales, en términos del art. 105 constitucional.
“La participación política de las mujeres es el ejercicio de un derecho humano, su aplicación no debe ser discrecional ni permitir regateos; si lo que se busca es inhibir la intervención del Poder Judicial en la interpretación de las normas jurídicas, debemos subsanar los vacíos legales, esa es responsabilidad del Poder Legislativo; nunca será la ruta correcta, la que tenga como resultado el menoscabo de los derechos de la ciudadanía,” indicó Trujillo Llanes.
La Bancada Naranja rechaza las modificaciones que limitan las facultades del Tribunal Electoral impulsadas por la junta de coordinación política, integrada únicamente por hombres, al ser una reforma regresiva que violenta y pone en riesgo principios de paridad y de derechos humanos de las mujeres y minorías.